El plan de reubicación de menores migrantes evidencia un problema histórico: España no sabe cuántos acoge

Una pregunta se repetía una y otra vez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: ¿Cuántos menores acoge cada comunidad? Los periodistas insistían en una cuestión básica para entender el decreto aprobado este martes por el Gobierno para reubicar a niños y adolescentes migrantes desde autonomías con sistemas de acogida desbordados. Saber el número de plazas ocupadas era una demanda clave para comprender por qué la Comunidad de Madrid recibirá más niños que Catalunya o cómo se repartirán los fondos ligados al plan de reubicación. No estaban ocultando los datos, explicaba el ministro de Política Territorial: no tenían esas cifras, solo trabajaban con “aproximaciones” y, por eso, daban de plazo a las comunidades hasta el 31 de marzo para recibirlas.

El Gobierno no sabe a ciencia cierta cuántos menores extranjeros no acompañados viven en España ni su distribución por las distintas autonomías. No es ninguna novedad, se trata de un problema histórico ligado al mecanismo de registro de estos niños y adolescentes, reconocido por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior, y denunciado año tras año por el Defensor del Pueblo.

Ahora, la necesidad del Ejecutivo central de recopilar cifras fiables para determinar el número de chavales que deberá recibir cada comunidad, en base a los criterios objetivos recogidos en el nuevo decreto, pone encima de la mesa los fallos en el registro de menores migrantes y la descoordinación entre las distintas instituciones implicadas.

“Está siendo complicado recabar los datos, entre otras cosas en primer lugar por la movilidad de los menores [entre comunidades dentro de la península]. En segundo lugar, también por el cumplimiento de la mayoría de edad hace que el registro de menores no acompañados sea variable y es complicado”, reconoció este martes la ministra de Infancia, Sira Rego, para explicar la falta de cifras oficiales de menores migrantes desglosados por comunidades. “Y, luego, a veces también influye la coordinación entre las comunidades autónomas. Por tanto, los datos son aproximados”, concluyó.

Cifras oficiales hay, pero el Gobierno no se fía del sistema para recopilarlos. El único mecanismo estatal para contabilizar el número de menores migrantes albergados en cada comunidad es el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), coordinado por la Fiscalía y gestionado por el Ministerio del Interior con los datos trasladados desde las comunidades autónomas. Este registro es “la única fuente de información fidedigna y completa que logre la comprensión del fenómeno migratorio de niños, base imprescindible para adoptar cualquier iniciativa normativa o administrativa en el sentido”, según recoge el protocolo marco sobre menores extranjeros no acompañados. Pero no funciona.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando las deficiencias detectadas en este registro. Su informe anual de 2019 profundizó en “la escasa fiabilidad de los datos” del registro de menores extranjeros no acompañados. “Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias, reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza, deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro”, señaló el documento de la institución dirigida entonces por Francisco Fernandez Marugán.

Año a año, el Defensor ha alertado de algunas de las diferencias localizadas entre los datos recogidos en el registro estatal, recopilados por la Policía Nacional, con los proporcionados por las entidades de protección. Esa disparidad, alertó, “supone la imposibilidad de conocer el número de menores tutelados en cada comunidad autónoma”.

Para ejemplificarlo, el Defensor destacaba los datos recogidos en 2018 por la Fiscalía, basados en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados. Según sus cifras, la mitad de los menores se encontraban tutelados por la Junta de Andalucía (6.294 menores). Sin embargo, los datos facilitados por el Defensor del Pueblo Andaluz, recogían 7.783 los nuevos ingresos de menores migrantes en la comunidad. Solo ese dato chocaba frontalmente con el número total de niños y adolescentes que, según el registro de Interior, habían llegado en patera a toda España: 7.026 chavales. Es solo un ejemplo, pero fuentes próximas al Defensor del Pueblo confirman que sigue ocurriendo y se trata de un problema recurrente.

Más allá de 2012

En 2012, la Fiscalía General del Estado recogió en una instrucción las deficiencias localizadas en el registro, cuya coordinación había comenzado a asumir poco tiempo antes. “La información que actualmente contiene el Registro es incompleta y, en algunos casos es errónea”, zanjaba ya entonces el Ministerio Público. Su escrito enumeraba varias causas que explicaban los fallos identificados, entre los que destacaban el “incumplimiento por los entes públicos de su obligación de facilitar datos; la concurrencia en la localización del menor de distintos cuerpos de seguridad ”sin la adecuada coordinación“ con la Policía Nacional; o los traslados de los menores a centros públicos de otras Comunidades Autónomas o a organizaciones no gubernamentales ”sin la correspondiente comunicación“.

Las características propias del fenómeno migratorio también influyen en la dificultad para identificar a estos menores de forma correcta. También es habitual que se lleguen a registrar dos o tres veces al mismo menor en distintas comunidades autónomas. “En demasiadas ocasiones, abandonan voluntariamente los centros de acogida donde fueron inicialmente alojados y se trasladan indocumentados a otros territorios del Estado”, explicaba entonces la Fiscalía.

Años después de aquellas deficiencias que la Fiscalía solicitaba corregir, las organizaciones que apoyan a menores migrantes siguen encontrándose con fallos o incoherencias en el registro de los niños y adolescentes migrantes. Lourdes Rayzábal, presidenta de Fundación Raíces, pone como ejemplo algunos de los menores detectados en la Comunidad de Madrid el año pasado. “Cuando ponemos a un menor en conocimiento de la Policía Nacional para su identificación y traslado a los centros de acogida, a veces se les registra y otras, no”, detalla. En el proceso en el que la Administración debe confirmar su minoría de edad, relata, algunos niños han sido registrados por la policía pero otros solo han sido reseñados cuando se confirmaba que tenían menos de 18 años. “La Policía a veces no los registra y espera al decreto de fiscalía, pero, otras veces, sí lo hace. No sabemos el criterio”, añade la experta en infancia.